Proyecto fiscal de Trump avanza en la Cámara Baja pese a divisiones

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en una ajustada votación el nuevo plan fiscal promovido por Donald Trump, presidente del país. La iniciativa, impulsada por la mayoría republicana, contempla exenciones fiscales, mayor inversión en seguridad fronteriza y un nuevo impuesto a las remesas, lo que generaría un incremento significativo en la deuda pública del país. La legislación, de mil páginas, aún debe ser votada en el Senado.

El proyecto propone ampliar los recortes tributarios de 2017 y eliminar incentivos relacionados con energías limpias establecidos durante el mandato de Joe Biden. Además, endurece el acceso a programas sociales como salud y alimentación, a la vez que refuerza el aparato migratorio con más personal fronterizo y mayores capacidades de deportación. Esta serie de medidas fue calificada por Trump como la “ley más importante” de la historia del país.

Uno de los puntos más controvertidos es la implementación de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas al extranjero, una medida que ha sido señalada como perjudicial por analistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al impactar negativamente en economías estatales que dependen de estos ingresos. Inicialmente propuesto en 5%, el gravamen fue reducido tras negociaciones internas.

La aprobación, con 215 votos a favor y 214 en contra, reflejó la profunda polarización en el Congreso. Dos legisladores republicanos se opusieron al proyecto, mientras que un tercero votó en abstención. La aprobación ocurre en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad fiscal del país, cuya deuda alcanza ya el 124% del PIB y ha motivado la rebaja de su calificación crediticia por parte de Moody’s.

Desde México, el embajador Esteban Moctezuma celebró la disminución del impuesto a las remesas, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó de discriminatorio. Trump, por su parte, instó al Senado a acelerar su aprobación, destacando las exenciones para trabajadores, compradores de autos fabricados en EE.UU. y la asignación de recursos para el programa “domo dorado”. La propuesta marca un giro drástico hacia una política fiscal nacionalista con posibles repercusiones globales.