Gobierno peruano exhorta a priorizar teletrabajo ante paro de transportistas
Ejecutivo emite recomendaciones para mitigar el impacto del paro de transportistas, brindando flexibilidad laboral a los trabajadores.
Con motivo del paro anunciado por un sector de transportistas el 10 de octubre, la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), ha establecido una serie de medidas para facilitar la jornada laboral de los trabajadores que podrían verse afectados por problemas de transporte. Entre las disposiciones más destacadas, se recomienda a los trabajadores priorizar el teletrabajo y flexibilizar las normas de ingreso.
El Ejecutivo ha anunciado que los trabajadores que enfrentan dificultades para llegar a sus centros de trabajo debido a la paralización del transporte podrán contar con una tolerancia de hasta cuatro horas en su horario de ingreso. Esta medida busca aliviar las complicaciones de traslado, evitando que el caos en el transporte afecte gravemente a los empleados.
Asimismo, el comunicado del MTPE destaca que en ningún caso el retraso causado por el paro será considerado una tardanza injustificada. De esta forma, se garantiza que los trabajadores no serán objeto de sanciones disciplinarias, siempre y cuando las demoras se relacionen con la situación del transporte.
En cuanto al tiempo de compensación, se ha estipulado que cualquier demora será acordada entre empleadores y trabajadores. De no llegar a un consenso, será el empleador quien decida la forma de recuperar el tiempo.
Estas recomendaciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno para minimizar los efectos de la paralización en las actividades laborales y velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores.
El Ejecutivo, en colaboración con el MTPE, ha tomado acciones rápidas y claras para mitigar las consecuencias del paro de transportistas, promoviendo el teletrabajo y garantizando flexibilidad para evitar que los empleados se vean perjudicados en sus labores. Estas medidas buscan mantener el equilibrio entre la continuidad de las actividades económicas y la protección de los derechos laborales frente a circunstancias extraordinarias.