Fin del 'greenwashing': un nuevo paradigma regulatorio en Europa

La sostenibilidad ya no es solo una meta ética, sino una exigencia regulatoria que está transformando profundamente el tejido empresarial en España y Europa. Nuevas normativas nacionales y europeas, como la Directiva sobre Diligencia Debida y el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, marcan el camino hacia una gestión más transparente, comprometida y alineada con los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza).

España se posiciona entre los países líderes en materia ESG, según el Atlas de la Sostenibilidad de Morningstar, aunque aún enfrenta grandes desafíos en su transición hacia modelos empresariales sostenibles. Normas como el Proyecto de Ley de Consumo Sostenible, que busca combatir las prácticas de 'greenwashing', y las leyes recientes aprobadas por el Consejo de Ministros, establecen un marco más riguroso en la presentación de informes de sostenibilidad. Estas iniciativas no solo responden a una creciente demanda social, sino que buscan mejorar la competitividad empresarial a nivel europeo.

El Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, actualmente en trámite parlamentario, entrará en vigor en 2025 y sustituirá la Directiva de Información No Financiera (NFRD). Este cambio amplía las obligaciones de reporte, obligando a las empresas a proporcionar datos detallados sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza. Además, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas supervisará estos informes, asegurando mayor uniformidad y transparencia a nivel europeo.

Para Álex Cortés, experto en análisis e impacto regulatorio, estas normativas no representan solo retos, sino también oportunidades de negocio. La colaboración entre sectores público y privado será clave para garantizar el éxito de esta transformación sostenible. “Las grandes transformaciones nunca se logran unilateralmente”, subraya Cortés, destacando que la implicación de todos los actores —desde los reguladores hasta la opinión pública— será fundamental para consolidar el cambio.

En paralelo, la Directiva Europea sobre Diligencia Debida añade una capa de responsabilidad para las empresas con más de 1,000 empleados y un volumen de negocios superior a 450 millones de euros. Esta normativa obliga a las compañías a respetar los derechos humanos y medioambientales a lo largo de toda su cadena de valor, y prevé sanciones para quienes incumplan estas disposiciones. Aunque su implementación será gradual, su impacto será significativo en el diseño estratégico de las empresas.

No obstante, la adopción de estas medidas no ha estado exenta de críticas. Países como Francia han alertado sobre el riesgo de que el aumento en las obligaciones administrativas pueda frenar la competitividad empresarial. El primer ministro francés, Michel Barnier, ha abogado por una simplificación regulatoria que permita a las empresas adaptarse sin comprometer su productividad.

El nuevo marco regulatorio refleja el compromiso de Europa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, pero también deja claro que el éxito de esta transformación requiere una colaboración activa entre empresas y gobiernos. Más allá de cumplir con nuevas normativas, las compañías españolas tienen la oportunidad de liderar un cambio cultural hacia una gestión empresarial más ética, transparente y sostenible.