Enero tensiona la economía y la nutrición en Perú

El arranque del año vuelve a colocar a enero como un mes crítico para la economía peruana. El reordenamiento del presupuesto familiar se enfrenta al aumento de precios posterior a las festividades, fenómeno conocido como la “cuesta de enero”, que actualmente impacta a más de 13 millones de peruanos. Sin embargo, desde una perspectiva de gestión pública y privada, el desafío trasciende lo estacional: combatir el hambre no es únicamente una respuesta social, sino una decisión estratégica para fortalecer la productividad y la futura fuerza laboral del país.

La situación expone una contradicción persistente. Mientras los hogares ajustan su consumo, el Perú desperdicia más de 12 millones de toneladas de alimentos cada año. Esta realidad no responde a una insuficiencia productiva, sino a fallas en los sistemas de distribución y articulación. Entender esta brecha permite concluir que la solución sostenible no pasa por incrementar la producción, sino por gestionar con mayor eficiencia los excedentes disponibles y evitar la pérdida de alimentos con alto valor nutricional.

Desde la óptica de la estabilidad económica, la inseguridad alimentaria representa un obstáculo estructural para el desarrollo. La transición hacia un sistema alimentario más eficiente es clave para proteger el capital humano. Ningún país puede aspirar al crecimiento si su población ve comprometida su nutrición desde la base; garantizar una alimentación adecuada es preservar la capacidad de las personas para generar valor y sostener el progreso a largo plazo.

Sin embargo, el rescate de alimentos constituye únicamente el primer componente técnico de esta transformación. La estrategia proyectada hacia el 2026 va más allá del aprovechamiento de recursos y busca instalar capacidades sostenibles en las organizaciones sociales de base. Recuperar productos que han perdido valor comercial es un paso necesario, pero insuficiente sin un trabajo comunitario que convierta esos insumos en herramientas efectivas de desarrollo.

El factor determinante para romper los ciclos de pobreza es el fortalecimiento de la autogestión comunitaria. Sin comunidades capacitadas y empoderadas, la logística del rescate pierde impacto. Es el trabajo coordinado en comedores populares y ollas comunes el que permite transformar los alimentos recuperados en una palanca de cambio social, asegurando que el efecto sea estructural y no transitorio.

Este enfoque demuestra que, mediante procesos claros y una visión de largo plazo, es posible equilibrar el excedente del mercado con las necesidades de los hogares más vulnerables. Incorporar la seguridad alimentaria como un eje de estabilidad nacional es fundamental para cualquier estrategia de desarrollo viable. Gestionar mejor lo que hoy se desperdicia fortalece la base económica y social del país.

El objetivo es consolidar un estándar en el que el aprovechamiento de recursos sea una práctica profesional a lo largo de toda la cadena comercial. El compromiso debe integrar criterios técnicos y humanos: optimizar la logística para asegurar que el talento peruano esté preparado para los desafíos de la competitividad. No se trata de acciones asistenciales aisladas, sino de construir un ecosistema que impulse a las comunidades hacia la autosuficiencia y la productividad.

El inicio del año plantea la necesidad de revisar el compromiso nacional con la seguridad alimentaria desde una lógica de gestión estratégica. La meta hacia el 2026 es consolidar alianzas que permitan que el rescate de alimentos se convierta en una práctica habitual en toda la cadena comercial del país.

Acerca de Banco de Alimentos Perú

El Banco de Alimentos Perú (BAP) es una organización privada sin fines de lucro que se fundó el 2014 cuya misión es luchar contra el hambre y el desperdicio de alimentos de manera pionera y sin precedentes en 23 regiones del país; rescatan alimentos y productos que han perdido su valor comercial y que se encuentran aptos para el consumo o uso humano para distribuirlos de manera efectiva y sostenibles a diversas comunidades en situación de vulnerabilidad alimentaria en todo el Perú, como comedores populares, ollas comunes, albergues, asilos, asentamientos humanos, colegios, entre otros.